La ley «antiterrorista», la imprenta Donnelley y la política

Es una decisión que se toma en un caso específico, una imprenta que cerró su planta y dejó a más de 400 empleados en la calle. Pero creo que sirve para mostrar cómo juegan determinados actores de nuestra realidad.

El primero – de los que yo leí – que hizo notar que había algunos rasgos extraños en el asunto fue Nicolás Tereschuk, uno de los blogueros más inteligentes que tenemos en este espacio. El Escriba señaló que el sector gráfico – la actividad de esta firma – no está pasando por un mal momento, como sí sucede, por ejemplo, en el automotriz. A pesar de eso, Associated Press informó (¿gacetilla de la empresa?) «El cierre llega cuando Argentina está en reesión, con una tasa de desempleo de alrededor del 11 por ciento» (?).

Y remarcó que la imprenta Donnelley es una pequeña parte de una compañia estadounidense muy grande, R.R. Donnelley – ventas de 10 mil millones de dólares anuales -, con vínculos a fondos especulativos. Esos que han sido llamados – también en EE.UU. – «fondos buitres».

Puede o no ser una maniobra deliberada. No es habitual que una empresa cierre una actividad en la que le va bien para producir un impacto político menor. Pero también es cierto que los fondos buitres que litigan contra Argentina están habituados a jugar duro. La American Task Force Argentina anunció recién que «Estamos investigando una enorme trama de corrupción en la Argentina en la que están involucrados funcionarios argentinos«. Y La Nación titula Los fondos buitre creen que las empresas de Lázaro Báez pueden llegar a la Presidenta.

El gobierno – es decir, la Presidente – no parece vacilar frente a la amenaza implícita (Lo hice notar hace varios posteos). Y considera, además, que el episodio Donnelly puede ser parte de una extorsión. Ayer, anunció que el Estado denunciará penalmente a la imprenta Donnelley, en el marco de la llamada ley antiterrorista, por aducir un «falso estado de quiebra para generar temor«.

El empresariado, siempre sensible a los avances del poder político – cuando afectan sus intereses – y que está preocupado por las posibles modificaciones a la ley de abastecimiento, no tiene motivos para acusar «chavismo». Lo que hace el Poder Ejecutivo es presentar una denuncia, sobre la que deberá decidir un juez. Nuestro Poder Judicial no se caracteriza por acosar a las empresas privadas.

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey, pidió «investigar las razones de la quiebra de Donnelley«. «El sector gráfico no está pasando un momento malo para ameritar un cierre con despidos de esta magnitud» dijo. Como si también él oliera algo raro en el asunto.

Es curioso, pero quienes se mostraron alarmados ante las consecuencias de esta actitud del gobierno, pertenecen a un sector político de izquierda, ideológicamente hostil a la propiedad privada, y que mantienen un trabajo gremial en el sector. Lo adivinaron: son los troskistas.

Demián Paredes denuncia CFK busca legitimar “por izquierda” la Ley antiterrorista. Fernando Rosso, un poco más sutil, escribe R.R. Donnelley y el nuevo momento bonapartista. Su sensibilidad parece un poco exagerada, ya que, si bien algunos de sus militantes tienen causas penales por alteración del orden público, destrozos o lesiones, no es en el marco de esa ley.

Por mi parte, no tengo más información que la de los medios, y los blogs. Pero, como bonapartista convencido, estimo conveniente que el Estado tenga los medios y la decisión para supervisar la actividad económica, y castigar los usos indebidos, en nombre del bien común. No creo que sea el instrumento más perfecto que tenemos los humanos – no soy hegeliano. Pero no hay otro.