Después de 28 años, el recuerdo del atentado a la AMIA se ha convertido en un rito político, con reclamos, indignaciones y disculpas previsibles ¿Ya es solamente eso? Creo que no. Me parece que en una parte de nuestra sociedad -no solamente en la comunidad judía, quizás ni especialmente en la comunidad judía- esa memoria permanece como de algo no resuelto, una memoria incómoda.
De ahí las repeticiones. No sería extraño, en un país con tanta gente que hace terapia. Yo también voy a repetir algo que escribí hace menos de un año. En lo que reiteraba -y no por primera vez- la necesidad que percibo que un gobierno argentino -no este, uno recién elegido, para minimizar el inevitable internismo- publique un «Libro Blanco» sobre el atentato con toda la información, las gestiones y las torpezas en ese caso, desde 1994 y las décadas posteriores. Da para algunos tomos, y sería la «verdad oficial». La que por supuesto será descreída por la mayoría, esto es Argentina, pero quedará como referencia. Aquí va mi aporte, tijereteado de 15 años del blog, sobre la base de algo que escribí en diciembre de 2006, en una página «El hijo de Reco» que recientemente la agencia oficial, NIC, entregó a un pornógrafo.
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«El 26 de octubre (de 2006), inmediatamente después que fiscales argentinos pidieran la captura de ocho iraníes, entre ellos un ex Presidente de ese país, acusados por el atentado a la AMIA, yo escribía:
“Hace algo más de 12 años un atentado en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina costó 85 vidas de argentinos de religión judía, católica y quizá algún agnóstico. Fue un hecho muy doloroso, en un país habituado a las catástrofes, que impactó en nuestra gente. También puede argumentarse que fue una de las primeras batallas en la llamada “guerra del terror”.
Sea como sea, no es sorprendente que nuestros investigadores y servicios de inteligencia y seguridad no proporcionaran explicaciones convincentes, ni tampoco – por supuesto – pruebas. No tienen experiencia en conflictos internacionales, porque han sido volcados a nuestras luchas internas. Y las explicaciones que en otros países se han dado de hechos similares no se han librado de ser cuestionadas. Cualquiera puede encontrar en Internet – por ejemplo – cientos de sitios ofreciendo teorías conspirativas, distintas de la oficial, sobre el atentado a las Torres Gemelas.
La diferencia clave es que en otros países los órganos del Estado (el Poder Judicial también lo es) han llegado a conclusiones que asumen definitivas y están dispuestos a afirmarlas con su autoridad. Tienen una “historia oficial”. Y no es cinismo señalar que es una base necesaria de toda política de Estado. El estado Argentino no ha podido elaborarla por esas mismas luchas internas que mencionamos antes.
Así, el gobierno de Menem y el juez Juan José Galeano que investigó el tema plantearon – sin mucha convicción – la “pista iraní”, pero dedicaron más esfuerzos a la conexión local, que encontraron convenientemente en las filas de la policía provincial de un gobernador que lo incomodaba. Tuvo el aval de las organizaciones de la comunidad judía.
Los opositores a Menem – y los familiares de las víctimas – favorecieron la “pista siria”, que coincidía con el origen familiar del entonces presidente y de algún traficante de armas famoso, y sugerían como motivo apoyos a su campaña electoral que no fueron correspondidos.
…
El hecho triste es que hasta hoy el único condenado en sede judicial por temas vinculados a este caso es el mismo juez Galeano, identificado con la “pista iraní”
Bueno, ayer (25/10/06) los integrantes de la fiscalía especial creada por el presidente Kirchner, Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos, emitieron un dictamen que reivindica esa vieja pista: acusa a Hezbollah e Irán y reclama la captura de ocho iraníes, ex funcionarios de Teherán.
¿Será ésta la definitiva “historia oficial” del Estado Argentino sobre el atentado a la AMIA?”
Mantengo lo dicho, pero debo confesar que – como la mayoría de los observadores – no aprecié en el primer momento la gravedad que este hecho implicaba, después que el juez Rodolfo Canicota Corral avalara el dictamen de la fiscalía. Un solitario, agudo analista advirtió – y concuerdo – que posiblemente sea la decisión jurídica de mayor trascendencia e impacto en lo que va del siglo XXI en materia diplomática y de defensa para la Argentina. Porque los gobiernos pasan, pero las causas judiciales permanecen – aletargadas o no – para que otros gobiernos, u otros países, las retomen.
Ciertamente – todos los que han opinado con alguna seriedad están de acuerdo – es absurdo pensar que el juez y los fiscales se han pronunciado, más allá de la fortaleza o debilidad de los indicios (en otra parte de esta página damos, en las palabras del fiscal y del representante de Irán, oportunidad para que Uds. los evalúen) sin el respaldo del Gobierno Nacional. En cualquier país del mundo, estas decisiones se toman con adecuada conciencia política de sus consecuencias, y en Argentina el Poder Judicial tiene una sensibilidad aguzada para los humores del poder.
La pregunta a hacerse es, entonces, por qué Néstor Kirchner decidió avalar esta decisión judicial. Hay algo muy importante para tener presente: La evidencia parece indicar que un gobierno que ha sido acusado por muchos (entre ellos, yo) de no contar con equipos ni inclinación para el análisis estratégico de la política internacional, ha llevado adelante desde que asumió hace tres años una estrategia consistente y coherente en este tema en particular.
En un excelente artículo que público hace pocos días en “La Nación”, Juan Gabriel Tokatlian, el agudo analista a quien me referí más arriba y cuyos trabajos hemos subido alguna vez a esta página, señala:
“A principios del siglo XXI, el comercio con Irán venía creciendo nuevamente con grandes márgenes de superávit para nuestro país. En 1999, el comercio bilateral fue algo superior a los 158 millones de dólares (las exportaciones argentinas fueron de US$ 155 millones). En 2000, las cifras respectivas fueron algo más de US$ 343 millones y US$ 341 millones. En 2001, alcanzaron respectivamente los US$ 419 millones y US$ 417 millones. Cabe destacar que ese año – el de nuestra gran crisis interna – las exportaciones a Irán equivalieron a la mitad de todo lo que se vendió a Medio Oriente y representaban el 2% de nuestro intercambio mundial. Ese mismo año nuestras exportaciones a ciertos países clave fueron inferiores a las realizadas hacia Irán: a Canadá se vendió por valor de US$ 225 millones, a Venezuela US$ 235 millones, a Francia US$ 257 millones y al Reino Unido US$ 291 millones.
En 2002 sólo hubo exportaciones a Irán: el monto fue de US$ 339 millones. En 2003 -año de llegada de Kirchner al gobierno-, se produjo una caída notable: se exportó por un total de US$ 47 millones. En 2004, las exportaciones cayeron a sólo un millón de dólares. En 2005 no hubo ninguna exportación de la Argentina a Irán.”
Tokatlian no puede ofrecer explicaciones satisfactorias para estos hechos, pero es muy difícil creer que se trata de una coincidencia. Sobre todo, si se toma en cuenta otros aspectos de la política de Kirchner: aunque él y su gobierno fueron severos críticos en algunas oportunidades de políticas de Washington (el A.L.C.A., por ejemplo) se mantuvo una clara y constante decisión de cooperar con Estados Unidos en materia de seguridad. Los organismos de inteligencia del Estado argentino, con sus limitaciones, cooperaron y cooperan con las políticas de seguridad de Washington. La Cancillería ha manifestado su rechazo a la proliferación de armas de destrucción masiva, y nuestras Fuerzas Armadas colaboran en Haití.
La relación de mutuo beneficio establecida con Chávez, así como otros gestos – y hechos concretos – de independencia en la política exterior no deben confundir. Irritante como es Chávez para los Estados Unidos, y antagónico para su visión estratégica, como puede serlo, ciertamente no es un problema de seguridad. Hoy, ni Castro lo es.
Más relevante para este tema en particular, cabe destacar que Kirchner, desde el comienzo de su gestión, anunció su decisión que el atentado no iba a quedar impune. Se puede pensar que son las frases hechas de un gobernante; pero hay que tener en cuenta que nunca, a pesar de algunas posiciones de la senadora Fernández de Kirchner antes que él asumiera la Presidencia, avaló la “pista siria”.
Los motivos posibles que baraja Tokatlian no son convincentes: no parece haber motivos para que Teherán, culpables o inocentes sus hombres, reduzca su comercio con Argentina antes que los fiscales insinuaran su decisión, cuando no lo había hecho frente a las acusaciones de Galeano y a la explícita alianza de Menem con EE.UU. Una convicción ideológica de Kirchner? Su política internacional puede ser poco meditada, pero no se podría acusarla seriamente de ideologizada. Deseo de congraciarse con la colectividad judía? No suena muy creíble, para un político astuto.
La única hipótesis plausible que se me ocurre es un acuerdo con el gobierno norteamericano en políticas de seguridad – que incluyese una evaluación firme de la “pista iraní” – alcanzado no después del 2003. Y Kirchner tiene fama de cumplir férreamente la letra de sus acuerdos.
Si fuese cierto, no me sorprendería ni me escandalizaría. Los gobiernos, de derecha, revolucionarios o progresistas, sellan acuerdos como el que se insinúa. Tampoco me siento inclinado a unirme al coro de ex-menemistas que descubren que Kirchner comete un grave error al apoyar ahora a EE.UU. e Israel porque Bush perdió las elecciones y vienen los demócratas (o republicanos moderados). En los países serios como esos dos, las políticas de seguridad trascienden los gobiernos. Ni tampoco me gusta la postura vergonzante que susurra que Irán no debe ser acusado porque puede ponernos (otra) bomba.
Lo que debe preocuparnos a los argentinos es que otra vez, como hace 15 años en la Guerra del Golfo, nuestro país toma partido, aunque sea en menor grado, en el conflicto más grave de nuestra época, sin una reflexión cuidadosa de las consecuencias y los riesgos. Sin una Cancillería ni instituciones del Estado capaces de evaluar alternativas por encima de las decisiones personales. Y sin tomar en cuenta el principal aporte que Argentina y Latinoamérica, por todas nuestras injusticias y locuras, pueden ofrecer al mundo en este nuevo siglo: una sociedad donde la religión y la raza no son causa de guerras.»
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Tal vez sí hace 15 años yo era un poco más soberbio. Entiendo ahora que cualquier gobierno argentino estuvo y estará frente a una fuerte presión de familiares de las víctimas, de grupos mediáticos y de algunas cancillerías para «no dejar impune» el atentado terrorista que provocó más muertes desde el bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955.
En otros países, más poderosos y/o mejor organizados, el eventual castigo toma otras formas. Cuando el gobernante se convence de que sabe quiénes son los autores, el presidente de los EE.UU., por ejemplo, firma una Orden Ejecutiva. En otras naciones, menos convencidas de su excepcionalidad, el presidente de Francia o de Rusia, el primer ministro de Gran Bretaña o de Israel, da una indicación, verbal, a algunos departamentos de su gobierno, y un misil, un dron o un equipo de asesinos la ejecuta.
No estoy sugiriendo que Argentina deba o pueda adoptar esa práctica. No con los organismos de seguridad, con el aparado del Estado, que tenemos. Lo menciono para hacer comprensible -también para mí mismo- que Néstor, Cristina y aún, con más cinismo e irresponsabilidad, Carlos Menem, buscaran mecanismos judiciales para «hacer justicia» (De la Rúa, Duhalde y Macri no encontraron necesario hacer más que discursos sobre el tema).
El problema, sostengo, es de nuestra sociedad. Y, como en otros temas, de la inhabilidad y reluctancia de nuestros gobiernos a comunicar verdades incómodas. Un jefe de Estado, o los instrumentos de mayor jerarquía de su gobierno, sólo pueden ser juzgados y condenados después de una derrota militar decisiva o de haber sido expulsados del poder. La muy occidental Margaret Thatcher decía «Gran Bretaña no negocia con terroristas. Salvo cuando llegan a ser Primeros Ministros». Y muchos siglos antes, en uno de los primitivos romances del Mío Cid se aconsejaba «Haced la jura, buen Rey, No tengáis de esto cuidado, Que nunca fue rey traidor, Ni Papa descomulgado».
Dejemos de lado entonces la payasada de «las órdenes de captura de Interpol», que nunca han sido ejecutadas, ni lo serán, salvo por un Estado que tenga motivos previos para enfrentarse con Irán.
En lo que hace al atentado a la AMIA: ni en la causa que armaron hace 15 años esos fiscales, ni desde entonces, no aparecen -no se dan a publicidad- pruebas sobre la autoría, salvo declaraciones de testigos de «identidad reservada». Pero la hipótesis que la potencia detrás de los ejecutores fue Irán es posible. Y -seamos francos- considerando otros episodios de la guerra sucia del terror y contra terror en estas décadas, parece probable. Si organismos legítimos del Estado argentino deciden que Irán es responsable, y que conviene a los intereses nacionales hacerlo público, no tengo motivos para rechazar esa «verdad oficial».
Pero afirmar que tribunales argentinos, o internacionales, o mixtos «harán justicia», es más grave que una hipocresía, que a veces puede ser necesaria en la diplomacia. Es un autoengaño.»
Actualización?
Hoy, 22 de julio de 2022, el New York Times dice que el Mossad dice que el autor material del atentado a la AMIA, y del previo atentado a la embajada israelí, fue una célula especial de Hezbolá. Que no participaron argentinos, ni funcionarios de la embajada de Irán en la ejecución.
¿Cancelará 28 años de acusaciones, de preguntas y de respuestas imaginarias? No lo creo.