Buitres 1, Argentina 0. El partido sigue

Están llegando comentarios de buen nivel en el posteo anterior, y no quiero interrumpirlos. El viejo tema de la división del peronismo entre su versión revolucionaria y reivindivicativa, y la del «partido del orden», no pierde su fascinación, si bien nunca ocurrió todavía. En algunas épocas el enfrentamiento fue sangriento, es cierto, aunque las líneas, y las caras que se veían de cada lado, estuvieran confusas. Sucede que ambos bandos suenan tan convencidos que son el «verdadero peronismo»…

No importa. Hoy el mundo exterior interrumpió nuestra introspección argenta para recordarnos que existe. Y me siento obligado a retomar un tema que toqué bastante en el blog (Pongan «buitres» en el buscador, si les interesa). Se me ocurre que, mientras leen posteos sobre nuestras internas, pueden en el fin de semana ojear uno largo sobre un asunto que va para más largo todavía.

Primero, quiero acercarles aquí la sentencia de la Cámara de Apelaciones del 2do. Circuito, las 25 páginas. Les es más útil, claro, a abogados expertos en el derecho comercial norteamericano. Yo no lo soy, pero les doy la traducción de algunos breves párrafos porque creo que dan una idea de qué es lo que se plantea).

(La Nación también brinda acceso al fallo aquí, y traduce algunas frases aquí. Tienden a dar la impresión que el problema pasa porque no se manejó bien. Argentina «no ha logrado demostrar que la opinión del Tribunal era claramente errónea«, «no aportó ningún argumento verdadero» y «falló en presentar evidencias en el expediente para apoyar sus afirmaciones«. En mi evaluación, los términos de la sentencia trascienden cualquier problema de manejo del caso.

Eso no quiere decir que comparto la visión de los K más fervientes: que cuando los fallos externos son favorables, muestran la sabiduría de nuestro gobierno y que teníamos razón. Y si son negativos, muestran que el Imperio nos odia porque somos independientes, y, claro, teníamos razón).

A lo central:

«La República Argentina se niega a pagar ciertos tenedores de los bonos soberanos emitidos en virtud de un Acuerdo de 1994. Con el fin de mejorar las posibilidades de comercialización de los bonos, Argentina realizó una serie de promesas a los compradores. Argentina prometió pagos periódicos de intereses. Argentina prometió que los bonos se rigen por la ley de Nueva York. Argentina prometió que, en el caso de incumplimiento, los intereses y el capital serán exigibles en su totalidad. Argentina prometió que los litigios relativos a los bonos podrían ser juzgados en los tribunales de Nueva York. Argentina prometió que cada bono sería transferible y se pagaría al cesionario, independientemente de si se trataba de una universidad, un llamado «fondo buitre», o una viuda o huérfano. Por último, la Argentina se comprometió a tratar a esos Bonos por lo menos igual a su otro endeudamiento externo. Como hemos sostenido, por el no pago de los Bonos, la promulgación de leyes que prohíben expresamente el pago futuro de ellos, y seguir pagando intereses sobre deuda posteriormente emitida, Argentina incumplió su promesa de igualdad de trato» (pág. 5)

(No sé a ustedes, pero a mí me hace recordar de un famoso juicio en Venecia, justamente por una deuda impaga «Shylock acepta prestar el dinero con la condición que, si la suma no es devuelta en la fecha fijada, Antonio tendrá que dar una libra de su propia carne de la parte del cuerpo que Shylock disponga«).

Entonces, «Argentina tiene que pagar a los demandantes el 100% de los aproximadamente U$S 1,330,000,000 de capital e intereses devengados que se deben actualmente«. (pág. 8)

La Corte de Apelaciones también afirma en el fallo que eso – pagarles todo, capital e intereses, a los buitres no debe considerarse que viola la regla de «pari passu», «igual tratamiento» a los deudores que entraron en el canje y a los que Argentina está pagando sus intereses en término. Ellos ya están bajo otro contrato. En mi barrio decían, «Alpiste».

Y también dice que no permitirá que «terceras partes asistan a Argentina a violar las resoluciones de la Corte«. En castellano, el Banco de Nueva York no debería pagar los intereses de los bonos argentinos hasta que nuestro país se ponga con los mil trescientos treinta millones de verdes. (pág. 8)

Sobre la posición actual de nuestro país, dice

«Funcionarios de Argentina públicamente y en varias ocasiones han anunciado su intención de desafiar las sentencias de este Tribunal y los tribunales de distrito con las que no estén de acuerdo«. En la nota al pie, se cita a la Presidente en la reunión del G20 de Nov. 2012 y al ministro Lorenzino en Oct. 12. (pág. 7), y «para un relato más completo de la larga historia de Argentina de defaults, véase el dictamen del juez José Cabranes en EM Ltd. contra la República de Argentina, 473 F. 3d 463, 466 n.2 (2d Cir. 2007)» (pág. 5)

Eso sí, también hay una pequeña frase, que es la que explica  que los bonos argentinos que cotizan con legislación neoyorquina estaban sin variantes importantes cuando salía el fallo: el Boden 2015 ganaba 0,08%; Global 2017 sin cambios y el Discount caía 0,65%. Y los abogados, y banqueros con estaño, seguramente le decían a Cristina que durmiera sin frazada: el asunto va para muy largo:

«en vista de la naturaleza de los temas presentados, vamos a suspender la ejecución de las medidas cautelares hasta la resolución de una oportuna solicitud a la Corte Suprema (de los EE.UU., claro)» (pág. 7).

Para los que dominan el inglés, y conocen algo de finanzas, les recomiendo esto en el blog de Félix Salmon, uno de los que más conoce de este tipo de temas (defaults). Su evaluación final es «El escenario base sigue siendo, en gran medida, que Argentina defaulteará una vez que el fallo judicial sea efectivo. Pero al mirar a la lentitud con este caso se está moviendo, no me gustaría aventurar cualquier tipo de conjetura en cuanto a cuándo podría ser«. Sugiere que puede ser un tema para el próximo gobierno argentino.

Mi evaluación: Estamos frente a una disputa jurídica que va mucho más allá del caso particular argentino. Aunque es cierto que nuestra crónica incapacidad de planificación del largo plazo – y de encarar una política de «relaciones públicas» en el plano internacional, es decir una diplomacia eficaz, también – nos ha puesto en el lugar de «conejillo de indias».

Pero las razones que aducen estos jueces neoyorquinos pueden aplicarse en todos los casos de reestructuración de deudas, hayan existido cláusulas «de acción colectiva» o no. Es decir, pueden judicializarse (el Poder Tribunal, como le dicen en algunos blogs). Por eso, los Estados deudores – el principal de ellos, el Departamento del Tesoro de los EE.UU. – presionan, discretamente, a nuestro favor. Las presiones del otro lado, evidentemente, se han hecho sentir en el Segundo Circuito.

Tengo que decir que el previsor Pablo Tonelli me había enviado un artículo donde preveía con lucidez esta situación, el 30 de noviembre del año pasado. Le dije que lo consideraba un poco pesimista – me inclinaba a creer que la necesidad de contener las consecuencias de la Crisis financiera iban a pesar más – y le avisé que lo retendría hasta que hubiera más datos.

Hoy veo que en el Atlántico Norte algunos empiezan a visualizar – erróneamente o no – que la Crisis está quedando atrás. Y que es necesario reforzar el viejo sistema financiero. Los invito entonces a leer la informada nota de Tonelli. Y a dar gracias a esos buenos jueces yanquis porque, en estas circunstancias de nuestra economía, no podremos en los próximos años «volver a los mercados». Es prudente que nos mantengamos alejados. La abstinencia forzada es mejor que el alcoholismo.

PORQUÉ LOS BUITRES SON UNA ESPECIE PROTEGIDA

Pablo Tonelli, economista

Repasemos lo que el Juez Thomas Griesa  interpretó en su fallo de la medianoche del 21 de noviembre, a saber: 1) que debía considerarse como “pari passu” (en las mismas condiciones) el pago total, en efectivo, incluyendo capital e intereses de las obligaciones en posesión de los “holdouts” o popularmente “buitres”, que no ingresaron a los canjes de la deuda argentina de 2005 y 2010, el que debía ser efectuado el día 15 de diciembre en una cuenta especial (escrow account, en inglés) hasta la resolución definitiva del litigio. 2) Anula la medida cautelar que el mismo Juez había declarado el 5 de marzo mientras el expediente volvía a la Cámara de Apelaciones, con lo cual su fallo debía tener cumplimiento inmediato. 3) Intimar al Bank of New York, agente financiero y de pagos de la deuda argentina, a no hacer efectivos desembolsos a los tenedores de la deuda legalmente reestructurada a su vencimiento en caso de no existir el pago exigido a los fondos buitres. La situación se  agravaba aún más al sostener  el fallo de Griesa el posible embargo sobre los fondos girados desde Argentina para el pago de sus obligaciones al Banco Agente, lo que comprometía legalmente a los fiduciarios de la Deuda Argentina.

Repasemos ahora sucintamente la respuesta del Gobierno Argentino a través de su Ministro de Economía, Hernán Lorenzino: 1) La obligación del pago del 100 % a los fondos buitre no puede interpretarse cabalmente como “pari passu”, es decir en las mismas condiciones. 2) Ordenar a un Estado el pago de sus obligaciones en la forma efectuada por Griesa constituye un exceso de autoridad que viola el FSIA (Foreign Sovereign Immunity Act), que protege la integridad de los fondos dispuestos por las naciones en cuanto ejercicio de su poder soberano, ya que los fondos son girados en la Argentina al Bank of New York, para que este ejecute el mandato, como fiduciario, de pagar a los tenedores de deuda argentina girándolos  al agente de pagos y cancelaciones (DTC, en su sigla en inglés) en New York 3) Argentina apelará ante la Corte de Apelaciones respectiva para revertir la decisión del Juez y volver al estado de no innovar anterior mientras el proceso continúa. 4) Instruirá a sus abogados que afirmen la voluntad de abrir un proceso de negociaciones que implique en los hechos una reapertura del canje de deuda en las mismas condiciones que los anteriores para ser ofertado a los holdouts. 5) Dejar trascender vivamente la voluntad del Gobierno Argentino de eliminar la ley cerrojo que constituye el obstáculo legal para llevar adelante un nuevo proceso de canje. 6) Argumentar enfáticamente que medidas de este tipo, de prosperar, inhabilitarían todos los procesos futuros de reestructuración de deuda soberana, con sus enormes implicancias tanto políticas como económicas.

Como sabemos la Cámara decidió insistir en la medida cautelar (no innovar) cancelada por Griesa, lo que permite el pago normal de las obligaciones de la Argentina durante el 2012 y abrió un proceso de alegatos para escuchar a las partes hasta el 27 de febrero. La Cámara fallará a posteriori sobre el “pari passu” y la afectación del sistema de pagos de New York. La Argentina obtiene un respiro pero la cuestión de fondo no ha sido zanjada.

Las opiniones, de todo tipo, vertidas por los opositores al actual Gobierno, fundamentalmente economistas o representantes del establishment financiero, se centraron en asignar mala praxis, impericia y falta de profesionalidad a la gestión pública nacional, o en darle un lugar central a las expresiones de la Presidenta y el Ministro de Economía, mencionadas por el Juez Griesa,  juzgadas como determinantes del fallo.

Mi opinión pretende estar más allá de la anécdota y alertar sobre las tendencias vigentes en el mundo financiero internacional en esta etapa signada por las crisis y las convulsiones, particularmente en el seno de la Unión Europea. Un enfoque que no ha sido habitual en los enfoques sobre la actuación del Juez Griesa,

Hernán Lorenzino afirma que el procedimiento adoptado por el Juez, de ser convalidado, afecta las posibles reestructuraciones de Deuda de terceros países. Bien, de eso se trata, de tornar imposibles las reestructuraciones de deuda, tal como hasta el momento han sido planteadas.

¿Paranoia? Veamos. Con posterioridad al año 2002, a sugerencia del FMI se crearon las denominadas CAC (Cláusulas de Acción Colectiva), mecanismo que luego incluso se perfeccionó para llegar a las denominadas SAC (Super aggregation clauses). Sucintamente las CAC afirman que si una mayoría de bonistas (el porcentaje que se exige es variable) acepta un proceso de reestructuración de un bono, el resto está obligado a aceptarla. La cláusula SAC, va más allá, afirma que si existen diferentes bonos a ser reestructurados, la aceptación de una restructuración por parte de un grupo de bonistas de un bono en particular, alcanza a todos los tenedores de deuda de ese mismo emisor. Uno diría, la protección perfecta contra las incursiones de los fondos buitre. Como Argentina (por los años en que su deuda fue emitida) no tenía cláusulas CAC,  es agredida. De aquí en más este ataque es imposible, y el Ministro Lorenzino es un demagogo o un ignorante (se ha sugerido en diversas publicaciones mediáticas) al afirmar consecuencias sistémicas al fallo de Griesa.

Esto es una falacia. Veamos, por ejemplo, Grecia, que es un país que reestructuró su deuda recientemente. Pudo hacerlo con una aceptación del 85 % y bajo legislación local. No obstante un grupo de tenedores de sus bonos, originalmente bajo legislación de los EEUU, se negó a ingresar al canje por un monto estimado en 6.000 millones de euros. Otro grupo de bonistas, de origen alemán, incluidos en la negociación bajo legislación griega, acusa al Estado Griego de “expoliación” e invocan que la inclusión de CAC, (Cláusulas de Acción Colectiva) es una extorsión a los legítimos acreedores e ilegal. Mencionan la existencia previa de un Tratado de Protección de Inversiones entre Alemania y Grecia que protege a los inversores de ese país de todo riesgo político. Como dato, digamos que la Argentina firmó 59 Tratados de este tipo entre 1990 y 2000. Hasta ahora no han sido invocados por los buitres.

En medio de la crisis europea se firmó, en octubre de 2010 e impulsada por Alemania, la llamada Declaración de Deauville, que abogaba por la participación de los tenedores de los bonos de los países en grave crisis, que en su mayoría son instituciones financieras, Bancos y Fondos, en la reestructuración de Deudas Soberanas mediante un sistema único y normalizado de CAC (Cláusulas de Acción Colectiva). En criollo, estas instituciones debían asumir las pérdidas que la reestructuración les infringía mediante quitas y reducción de tasas.

Italia y España, presionadas por sus instituciones financieras, sostienen vehemente la exclusión de dicha cláusula a partir de las emisiones de bonos a efectuarse desde julio de 2013. Es claro, en medio de la crisis existe un fuerte presión de los bancos para evitar ser alcanzados por cualquier instrumento que afecte sus patrimonios o tenencias por parte de los tenedores de bonos en países en conflicto.

O sea, que para una importante porción del capital financiero los ajustes recesivos propuestos por los Gobiernos europeos no constituyen una garantía de ninguna índole si sus activos y bonos son afectados. Está claro que ese sector poderoso e influyente del capital no está dispuesto a aceptar nada que afecte a sus intereses.

La crisis los pone en una ofensiva directa contra regulaciones y mecanismos de cualquier índole que puedan perjudicarlos. A juzgar por su poder en España e Italia y sus acciones en Alemania, los avatares de la Argentina y la justicia de EEUU, no pueden ser considerados una anécdota de la política local.

Estos sectores financieros confrontan vivamente con los acuerdos sistémicos defendidos por Alemania y EEUU, en medio de una crisis internacional no resuelta. A juzgar por su cooptación de naciones soberanas a sus argumentos puedo sostener que los buitres constituyen una especie protegida y que el final de esta historia permanece abierto.