¿Democratizar la Justicia?

El anuncio más impactante incluido en el discurso presidencial del 1° de marzo – por el espacio y el énfasis que le puso Cristina; por la reacción de los políticos, de los medios y de la corporación judicial – fue el del envío de varios proyectos de reforma al Congreso, con el objetivo de democratizar el Poder Judicial. No, quizás, el que interesa más a los 40 millones que vivimos aquí. Pero anuncia también el comienzo de una nueva batalla, y eso nos importa a todos, cómo no.

Más adelante, en otros posteos, voy a tratar de analizar con más profundidad el asunto, aunque no soy jurista, porque vale la pena. Por ahora, quiero marcar que la estrategia de esta jugada del gobierno ya debería ser familiar: Hay un reclamo social importante para un sector de jueces, funcionarios de la justicia y abogados, que tiene eco favorable en buena parte de las clases medias politizadas – digamos, aproximadamente, las que asumen posiciones de centro izquierda: la democratización de la justicia, la eliminación de privilegios abusivos  la apertura de espacios controlados por camarillas. ¿No se nota la similitud con el impulso que otros sectores dieron a la Ley de Medios Audiovisuales, para democratizar la información y acabar con la irritante hegemonía empresaria del Grupo Clarìn?

Y, por supuesto, hay una pelea politica inmediata que probablemente funciona como disparador – en este caso con el Dr. Lorenzetti, Presidente de la Corte Suprema. Una diferencia para tomar en cuenta: El Supremo no es un profesional de la política, pero está dispuesto a «poner la cara», al contrario del Ctdor. Magnetto.

Esto es relevante, porque ese compromiso personal en la discusión hará, seguramente, que evite aparecer bancando esos privilegios abusivos que la sociedad rechaza. Por lo menos, los más alevosos. Eso, a la vez, puede hacer reflexionar a los opositores – que tienen gran inclinación en quedar entrampados en la defensa de cosas indefendibles, simplemente porque su posición está definida, por la negativa, por Cristina Fernández.

Eso sí, ya se avizoran las respectivas líneas del discurso. Dos buenos ejemplos: en la Tribuna de Doctrina Tradicional, la plantea Ricardo Gil Lavedra. En el blog de doctrina K, mi amigo Artemio.

Más allá de los discursos, debo decir que las reformas propuestas me parecen razonables. No sólo las que ya había postulado el grupo reformador «Justicia Legítima»: acceso a la carrera por examen, publicidad en Internet de las declaraciones juradas de todos los jueces y – algo que tiene que ver con nosotros, los de afuera – el registro de causas que permita saber dónde y en qué etapa está cada expediente judicial. Las otras medidas también habían sido discutidas, hasta en la blogosfera: que la designación de todos los integrantes del Consejo de la Magistratura, sea por el voto popular; la creación de tres nuevas Cámaras Federales de Casación en los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y Previsional y Laboral; la reglamentación de las medidas cautelares para que no puedan oponerse al Estado en casos de mero contenido patrimonial; la fijación de plazos para los pronunciamientos de la Corte Suprema y el cambio de la responsabilidad del Estado…

Como dije en un posteo anterior, suenan bien. Y, inevitablemente, habrá mucho tiempo para debatirlas antes de su puesta en ejecución. Tal vez tanto como el que requiere la implementación de la Ley de Medios.

Ahora… una propuesta que quiero hacer. No es fácil llevarla adelante, en una sociedad individualista y sin mucha noción de lo público, como la que hemos conseguido. Pero es ortodoxamente constitucional, y con imaginación podemos encontrar las formas para que sea viable.

Porque «Democratizar la Justicia», como consigna, acuerda con la «corrección política» que nuestra sociedad ha incorporado desde Alfonsín. Pero choca – como sugiere Gil Lavedra sin animarse a plantearlo abiertamente – con el principio republicano de limitación del poder de los gobernantes. Ahora, hay una medida que implica una participación realmente democrática, del ciudadano común, en la administración de justicia. Y es muy tradicional: está en la Constitución desde hace 150 años. Pero nunca la ponemos en práctica. ¿No es éste el momento para pensar cómo deberían ser las formas y recaudos para poner en marcha en Argentina el juicio por jurados?