Reformando la Inteligencia. O su falta

febrero 25, 2015

custer

Hoy el Congreso aprobará – se espera – el proyecto que impulsa la creación de la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Este es un tema que tiene una vieja y profunda relación con la política argentina como la conocemos (y no sólo con la argentina, o pregúntenle a expertos como Vladimir Putin, George Bush sr. o Joseph Fouchè).

Entonces, corresponde que en un blog politizado como este se trate el asunto. Pero yo no soy un experto, aunque conocí a profesionales de esa disciplina. Pensé en este artículo de J. G. Tokatlian, pero es demasiado teórico. Compara las experiencias de reforma en otros países y detalla las condiciones para su éxito. Pero en esta ocasión no toma en cuenta que siempre se hacen en el marco y como consecuencia de una determinada relación de poder.

Por suerte encontré esta nota de Hugo Alconada Mon, un periodista inteligente, especializado en temas de corrupción (Tiene el problema de ser amigo de Mauricio Macri, lo que limita severamente su campo). Fascinante y lleno de información precisa. Y muestra que – al igual que en otros campos de la comunicación – el avance de la tecnología y los emprendedores privados le compiten duro a los monopolios. (Eso sí, los que estamos vinculados al mundo digital, tenemos claro que el Sr. Google o el Sr. Yahoo saben mucho más de cada uno de nosotros que lo que nunca pudo averiguar Stiuso).

“Como todo, es un tema de precio”, responde el experto. Y ese precio “se pone por la cara” del candidato, acota un segundo especialista. Una tarifa que será para atacar a otros -y escuchar o leer sus comunicaciones- o para que sus charlas permanezcan privadas.

Bienvenido, pues, al mundo de las escuchas telefónicas.

La premisa es sencilla: hay escuchas legales e ilegales. Las primeras las pide un fiscal o una parte en un expediente judicial -una persona, por ejemplo, que sufre amenazas-, pero siempre debe ordenarlas un juez, que decide qué números serán interceptados y por cuánto tiempo. En cuanto a las otras, las hay hechas por agentes de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) con filones propios de negocios, por agencias privadas de seguridad y por hackers especializados.

En la Argentina formal, sin embargo, sólo la ex SIDE puede pinchar teléfonos. Así lo impone la ley de inteligencia de 2001, que veda esa competencia a la Policía Federal, la Gendarmería, el Ejército, o cualquier otra fuerza de seguridad o armada. Ésa, claro está, es la teoría.

Lilita Carrió, Roberto Lavagna, el senador radical Gerardo Morales, el primer jefe de Gabinete de los Kirchner, Alberto Fernández, al igual que el jefe del bloque de senadores nacionales del oficialismo, Miguel Pichetto, y la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, son sólo algunos de los que han denunciado que “alguien” los escuchaba de manera ilegal.

En el caso de Carrió, pateó el tablero durante la Alianza; Lavagna y Fernández, contra el gobierno del que fueron ministro de Economía y jefe de Gabinete; Pichetto contra sus rivales en Río Negro, y con Servini hasta encontraron un micrófono en su despacho de Tribunales.

En ocasiones, las sospechas apuntan a la Casa Rosada, ya sea por medio de la ex SIDE, que durante años lideró Antonio “Jaime” Stiuso, o, ahora, del jefe del Ejército, César Milani. En otras, hacia funcionarios de otras jurisdicciones, a tal punto que Mauricio Macri pasó a la historia como el primer jefe de gobierno porteño procesado por escuchas ilegales. Pero hay mucho más por conocer sobre lo que el ex diputado nacional Miguel Bonasso define como “cripto-Estado”, es decir, “fuera del escrutinio de la sociedad civil, en la intimidad pecaminosa”.

“CARPETAZOS”

El canciller Héctor Timerman puede acreditarlo. Las líneas asignadas a él y a su número dos dentro del Palacio San Martín acumulaban “anomalías” y estaban redireccionadas, según alertó la Dirección de Seguridad del Ministerio en el expediente secreto EXPE-MRE:003829172011. Y todo eso, mientras que Timerman negociaba con Irán el acuerdo por el que luego el fiscal Alberto Nisman lo denunció por presunto encubrimiento, junto con la presidenta Cristina Kirchner .

El objetivo último de las escuchas, sean legales o no, es obtener información a la que de otro modo no se podría acceder. Si las autoriza un juez, sirven, por ejemplo, para investigar secuestros. A tal punto que los magistrados incluso pueden escuchar desde sus propios teléfonos y en tiempo real las llamadas que llegan o salen de las líneas pinchadas, según confirmaron un fiscal y un ex número dos de la SIDE.

Pero si las escuchas son ilegales, las metas son muy distintas. Permiten obtener una ventaja desleal en los negocios o frente a un competidor electoral -y Francisco de Narváez podría relatar aquí cómo se obsesionó por esquivar pinchaduras durante su campaña de 2009. O pueden ser para extorsionar a un rival, sea empresario o político. Y en ese rubro, la ex SIDE forjó su fama con especial fuerza durante la última década.

“Nos han construido una leyenda de carpetas y carpetazos, pero todo el sistema político está temiendo esto”, se sinceró el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, cuando asistió al Senado, a principios de mes, para exponer la reforma que propone el oficialismo del sistema de inteligencia. El sinceramiento del “Chino” cosechó ironías entre los opositores. La diputada nacional por Pro Laura Alonso le retrucó por Twitter: “Zannini, con postdoctorado en carpetazo, se victimiza”.

“LA OJOTA”

Dentro de la ex SIDE y desde la privatización de la vieja Entel, las escuchas están a cargo de la Dirección de Observaciones Judiciales, más conocida como “la Ojota”, por sus dos últimas iniciales. Según declaró el flamante jefe de la Secretaría, Oscar Parrilli , también en el Senado, “el año pasado «la Ojota» intervino 25.950 llamadas; el 56 por ciento del interior del país, el 88 por ciento a celulares”. El ex secretario general de la Presidencia también actualizó un dato: aunque la sede oficial de “la Ojota” es en un edificio de siete pisos en la Avenida de los Incas al 3800, la mayor parte de la labor se lleva a cabo en una sala con 27 boxes que funciona en la sede de la ex SIDE sobre la calle 25 de Mayo, a metros de la Casa Rosada.

La operatoria sólo se puede concretar, sin embargo, si las empresas de telefonía colaboran con la ex SIDE, que aunque cuenta con oficinas propias en cada una de esas compañías, afronta “cupos” para la cantidad de escuchas simultáneas que puede practicar, según indicaron dos jueces, tres fiscales y el ex número dos de la Secretaría.

“A veces demoran una hora [para pinchar una línea], que en secuestros es una eternidad. Y cuidado con la revocación de las órdenes judiciales, que son por un tiempo determinado. Si no se renuevan antes de que venza el plazo, vas a la cola de los pedidos”, explica un fiscal federal con varias investigaciones por secuestros -y otras aún más sensibles- de experiencia. “O también te dan un tope a la cantidad que pueden hacer. Pedís 5 y te dicen: «Elija 3 [números] de esos 5».”

En su libro sobre la ex SIDE, el periodista Gerardo Young describió las zonas grises o laxas con que se mueve “la Ojota” desde que Carlos Lavié la lideró durante el menemismo. “Lo único que tenía que hacer Lavié para intervenir un teléfono era enviar a las empresas telefónicas un oficio con su firma y, en teoría, una copia de respaldo con la firma del juez que solicitaba la intervención. Al principio esa práctica se cumplía con precisión. Con los años, cuando las intervenciones pasaron a ser cientos o miles y miles, los controles se flexibilizaron y una llamada de Lavié alcanzaba para intervenir cualquier teléfono de cualquier argentino. El de cualquiera”, remarcó Young.

Las compañías telefónicas cobran por ese servicio, que le facturan a la ex SIDE, según lo establece el decreto 333/97. “Así que si un juez quisiera verificar el verdadero alcance de las pinchaduras a través de las empresas de telefonía, ahí tiene un posible camino”, dice el ex número dos de la Secretaría.

Dos fiscales federales y un juez, por el contrario, defendieron la labor “profesional” de las telefónicas. Las ilegalidades, coincidieron, pasan por el sector privado o, peor, por las actividades paraestatales.

¿Cómo funciona? Uno de los trucos más sencillos es el armado de expedientes con fechas antedatadas para así legalizar escuchas que ya se habían hecho sin orden judicial previa. O el armado completo de causas falsas para ordenar las intercepciones. Por eso se destituyó, sin ir más lejos, a dos jueces en Misiones.

Otra opción pasa por “ir de pesca”. Es decir, obtener una autorización para escuchar a “A”, pero a sabiendas de que esa persona se comunica con “B”, que es la que en verdad interesa. Así se escucha a “B” y, según qué diga, iniciarle una causa penal a “B”.

Sin embargo, si lo que se pretende es sólo escuchar a alguien, sin pretensiones de legalidad -una afición que muchos ex funcionarios y opositores le atribuían al fallecido ex presidente Néstor Kirchner-, una opción son las intercepciones móviles. Hay quienes aluden a unas “valijitas”, en particular rusas e israelíes, que se pueden conseguir en el mercado por 150.000 dólares. Otros aluden a las “antenas” para chupar líneas móviles. ¿Cómo funcionan? Como cada teléfono celular siempre busca la mejor antena a su alrededor para funcionar, la clave pasa por ubicar cerca la antena ilegal. A unos 300 metros en zonas urbanas; a un par de kilómetros en zona rural. Se potencia entonces la antena irregular, que así chupa las comunicaciones entrantes y salientes del móvil vigilado.

Ese tipo de práctica salió a la luz en Noruega, por ejemplo, cuando el periódico local Aften Posten reveló que el primer ministro, miembros del Parlamento, el presidente del Banco Central y el ministro de Defensa de ese país eran monitoreados con antenas ubicadas hasta un kilómetro de distancia de sus oficinas.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y otras fuerzas de seguridad en Estados Unidos también recurren a este tipo de sistemas. Se conocen como “Stingray”, aunque las marcas son varias: Arpón, Amberjack, KingFish y RayFish, entre otras, con valores que llegan a los 400.000 dólares.

Mucho más económico, sin embargo, es cuando la víctima ofrece en bandeja las oportunidades para ser chupada. ¿Ejemplos? Cuando abre mails con virus o “troyanos”, como el “Regin”, desde su computadora o su teléfono. O cuando se conecta a los servicios de Wi-Fi del hotel donde se celebra un cóctel o una conferencia. A tres metros de distancia, un hacker se puede hacer una fiesta. La tarifa, en esos casos, puede bajar a sólo 1500 dólares.

Para el analista de seguridad Marcelo Lozano, sin embargo, “quienes se dedican a inteligencia ya no concentran sus esfuerzos en escuchar teléfonos, sino en el entrecruzamiento de datos, el «data analytics»”. Ese análisis permite determinar lo que una persona hace, con quién habla, con quién se reúne y dónde, o a qué lugares concurre, más allá de lo que esa persona diga durante una conversación telefónica, en la que puede encadenar mentira tras mentira.

El ex número dos de la SIDE coincide con Lozano. “Cada vez se les otorga más énfasis a los datos que se pueden extraer de los teléfonos móviles y al análisis de la «metadata» que a lo que el objetivo diga. Eso es lo que hace la NSA”, indicó, por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que desde la presidencia de George W. Bush implementó un polémico programa de escuchas y análisis sin órdenes judiciales previas.

REDES DE PROTECCIÓN

¿Qué hacer entonces? La ex SIDE suele proveer una flota de teléfonos a ciertos funcionarios del Gobierno, en tanto que algunos empresarios montan sus redes privadas de protección. Y a cada cual se le cobra según sus requerimientos… y por su “cara”.

Desde el sector público, pero por fuera de la ex SIDE, en tanto, la Dirección de Seguridad de la Cancillería optó por una vía intermedia cuando detectó las pinchaduras contra Timerman: le recomendó al ministro comprar teléfonos encriptados alemanes. ¿Su valor? Unos 3100 euros cada móvil y otros 2300 dólares cada aparato fijo.

Otros, en tanto, recurren a distintos softwares, incluso gratuitos, que ofrecen niveles crecientes de comunicaciones encriptadas. Uno de los primeros y más extendidos para telefonía -con flaquezas- es Skype, que puede utilizarse desde las computadoras y los teléfonos móviles.

Para mensajería de texto, en tanto, el ranking del servicio encriptado más seguro lo lidera CryptoCat, según un análisis de la Fundación Electronic Frontier y el centro ProPública de Estados Unidos, mientras que uno de los más extendidos en la Argentina, Telegram, figura 13° y mucho más rezagados aparecieron WhatsApp (27°) y Vibe (31°) sobre un total de 39 programas evaluados.

Lozano plantea otra opción: “Instalar una VPN en el teléfono, lo cual es una tecnología de red que permite una extensión segura de su red LAN sobre una red pública o no controlada como Internet. De ese modo, se protegen los datos, aunque no la voz, pero se eleva la dificultad para que le instalen un troyano desde la red pública. No es mucho, apenas como dos hojitas para tapar a alguien desnudo, pero es mucho mejor que nada”, ironiza.

Varios expertos consultados, al igual que los grandes fabricantes de aparatos de telefonía celular, aclaran algo más: es innecesario sacarle la batería al aparato porque no sirven como micrófonos encubiertos.

La leyenda urbana sobre los aparatos que incluso apagados funcionan como micrófonos llevó a la Comisión Nacional de Comunicaciones a emitir una aclaración al respecto: “Los equipos que se comercializan para telefonía móvil no se pueden convertir en transmisores involuntarios”.

El ex número dos de la SIDE cargó contra otra leyenda urbana, fogoneada por la paranoia: “En tiempos de los «roseteros» [en alusión a los empleados que chupaban teléfonos fijos con cables en las «rosetas»] puede ser que las líneas interceptadas hicieran ruido, pero ahora se duplica la línea y el titular ni se entera. Todo eso de los «ruidos» en el teléfono es una estupidez”, dice, lapidario.

Lo que no es una estupidez, sin embargo, es el descontrol con que desde hace décadas se mueven los servicios de vigilancia, sean privados, paraestatales o la ex SIDE. La Comisión Bicameral del Congreso, que debería supervisarla, sólo se reunió dos veces durante 2014, al igual que en 2013 y 2012. Pero cuenta con personal asignado y un presupuesto, para sus sueldos, de $ 6,6 millones.

¿Alguien los escuchará? ¿Valdrá la pena?“.


A. F. I.: ¿si no fue Beliz, quién?

enero 29, 2015

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El posteo anterior fue sólo para cuestionar una leyenda mediática en pleno armado: “Que Gustavo Beliz, joven ministro de Justicia en 2004, combatió contra el siniestro “Jaime Stiuso” y quiso reformar la malvada SIDE, a lo que se negó Néstor Kirchner. Y que la nueva Agencia Federal de Inteligencia que el gobierno quiere crear se basa en su viejo proyecto“.

Como todas las leyendas, se basa en algunas cosas ciertas. Beliz se enfrentó con Stiuso. Y Kirchner, como otros presidentes en el pasado y sin duda en el futuro, usó la información que los servicios de inteligencia le brindaban para hacer política (en realidad, es difícil imaginarse un gobernante que se abstenga de usarla, salvo que tenga un grado heroico de santidad, raro en los gobiernos y aún en las iglesias).

Pero esa versión ningunea a los que verdaderamente se dedicaron a estudiar las funciones y los problemas de la recolección de inteligencia por agencias gubernamentales en el mundo real, y en Argentina en particular. Y que han denunciado errores y corrupciones, y propuesto reformas.

Eso sí, es necesario tener claro una cosa: la autoría de este proyecto (que aquí en el blog evalué positivo, en principio), la responsabilidad y, si caben, los méritos o las culpas corresponden al gobierno de Cristina Kirchner. Los proyectos pertenecen a quien puede hacerlos realidad: esa es la ventaja de los oficialismos, y el riesgo que corren.

Dicho eso, quiero comentarles que he escuchado de amigos más cercanos a la “cocina” K que yo que buena parte de las ideas pertenecen a Marcelo Saín. Y acercarles un material que yo, que no soy experto en el tema, irónicamente encontré en un enlace en el blog de Omar Bojos (Digo irónicamente, porque Omar es un militante del massismo, y su candidato pidió convocar a expertos internacionales para la investigación de la muerte de Nisman, porque darían garantías de estar “despojados de cualquier interés” ¿! ).

Al margen de las pavadas que se dicen en campaña, este reportaje de Mendoza Online interpela a estudiosos del asunto, algunos cercanos al gobierno nacional y otros enfrentados, pero todos con experiencia y trabajos presentados mucho antes de esta crisis. Es largo, pero si tienen tiempo léanlo, porque, aunque teóricos, apuntan a una de las fuentes de gangrena inevitables en todo gobierno, y en particular en el nuestro.

Por mi parte, encontré especialmente interesantes las observaciones del jurista Alberto Binder: “(En el caso de la AMIA) subordinaron la investigación a tener una plataforma para jugar el juego de las agencias anti terrorismo internacional y su red de información, y de ello son tan responsables Stiuso como Nisman“. “La SI concentró todas las escuchas telefónicas del país … de tal manera que no solo la justicia federal, sino cualquier fiscal del interior que quiere hacer escuchas telefónicas debe pasar por la sección correspondiente. Todo esto es altamente pernicioso y ahora ha salido a la luz”.”Urge crear la Agencia Federal de Investigaciones. Es algo que se reclama hace años. Este Gobierno lo tuvo en cartero y no lo llevó adelante por presiones de la Secretaría de Inteligencia”.

Por eso, aquí les copio un artículo suyo del año 2009, que da detalles de escándalos hoy olvidados y muestra como la “inteligencia” ha creado entre nosotros, como en otros países, un submundo privado sin control.

El sistema de inteligencia es tan necesario como peligroso. Una herramienta que debe ser administrada con suma responsabilidad por parte de los funcionarios públicos, que no pueden olvidar los daños que han causado su descontrol y el abuso de sus estructuras y herramientas, en especial para el Terrorismo de Estado.

Nuestra realidad muestra un nivel de irresponsabilidad, desidia y abuso que ya son alarmantes e inadmisibles. La Ley Nacional de Inteligencia (25.520) es clara en este aspecto: “Queda prohibida la creación, conformación y funcionamiento de asociaciones, instituciones, redes y grupos de personas físicas o jurídicas que planifiquen y/o ejecuten funciones y actividades de inteligencia en cualquiera de sus etapas asignadas por la presente ley a los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional” (Art. 11).

Lo que prohíbe la ley es, precisamente, lo que se ha hecho en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y la misma forma de operar es la que se está investigando en la Justicia Federal de San Isidro, a raíz de múltiples intervenciones ilegales en teléfonos y correos electrónicos. Allí también se encuentran investigados “operadores libres” que mantienen contratos “formales” en instituciones públicas, al igual que el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Es una práctica que viene siendo admitida y que reclama una investigación integral.

Las quejas de funcionarios que saben muy bien de qué están hablando porque prohijaron este descontrol, las denuncias de jueces de la Corte Suprema, el carácter público de maniobras hasta burdas sobre opositores políticos y las propias quejas que se escuchan de funcionarios de diversos niveles dan cuenta de que se ha instalado en el país un sistema de funcionamiento ilegal del servicio de inteligencia, que promueve operadores más o menos independientes para operaciones prohibidas expresamente por la ley.

No podemos darnos el lujo de superficializar este problema, creyendo que sólo se trata de internas entre sectores de inteligencia o entre ellos y la Policía Federal o entre ambos y sectores del gobierno.

Sólo la miopía y la irresponsabilidad manifiesta de quienes viven en un mundo de permanentes intrigas pueden hacer creer que se trata de jugarretas de poca monta: lo que está atrás es la reconstrucción del Estado Policial que nunca pudimos desarticular y la creación de una nueva “autonomía” de sectores policiales (en particular la “federal” y de inteligencia) con capacidad de jugar el juego de las mafias que jaquean a nuestra democracia.

A todo ello debemos sumarle la inoperancia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia creada precisamente con la finalidad de “fiscalizar que su funcionamiento se ajuste estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, verificando la estricta observancia y respeto de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional” (Art. 32), con facultades incluso de controlar los “gastos reservados” sobre los que penden tantas sospechas (entre otras, por la vieja historia del pago de sobresueldos, que todavía anda dando vueltas por los tribunales sin rumbo claro).

Tratar de obtener información sobre este Comisión es casi imposible. Incluso se nos llegó a informar que ¡el día de reunión era secreto! y en la página del Senado o de Diputados no hay información de ningún tipo. ¿Se reunirá, cumplirá alguna función efectiva de control? Preguntas pendientes.

Nuestro sistema de inteligencia se encuentra sin control institucional y se ha permitido el crecimiento y desarrollo de operaciones informales expresamente prohibidas y amparadas por funcionarios de alto nivel. Las nuevas tecnologías y su escaso costo hacen que todo gobernador quiera tener su propio sistema de inteligencia, por supuesto sin formalidades y en la más completa oscuridad.

Para algunos será el juego perverso de las pequeñas intrigas y “camas” de los operadores políticos que hoy son habituales en la vida institucional, pero para el conjunto de los ciudadanos significa haber desatado una de las peores prácticas de las que tenemos memoria“.


Más sobre la Agencia Federal de Inteligencia

enero 28, 2015

jamesbond

Vuelvo a este tema porque la información que he visto en los medios es confusa y sesgada. Y la columna de comentarios del primer posteo – a pesar de los esfuerzos de uno de los que intervino, P. E., al contar la historia de los organismos de “inteligencia” argentinos, y cómo debería ser el nuevo organismo – se convirtió en una de esas discusiones de sordos donde ambas partes repiten sus argumentos (¿alguien los lee, después de la 5ª o 6ª vez? Yo no, así que suprimí algunos).

Éste tiene mi sesgo, así que está bien (para mí). Son unas breves reflexiones sobre el proyecto que anunció la Presidente.

Un buen resumen del texto – esto no es casual – apareció en el blog de J. R. Sentis. Leemos:

1. Disolución de la Secretaría de Inteligencia (S.I.), la ex SIDE.
2. Creación de la Agencia Federal de Inteligencia (A.F.I.). Contará con un director general y un subdirector designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
3. El ámbito de acción del AFI quedará limitado a los delitos graves internacionales: prevención de amenazas terroristas, tráfico de armas, delitos económicos, narcotráfico, ciberdelitos y trata de personas.
4. Las actividades de inteligencia interna quedarán limitadas a la investigación de delitos criminales complejos, inteligencia criminal o atentados complejos contra el orden.
5. Se transferirá al Ministerio de Procuración Fiscal el sistema judicial de escuchas.
6. El plazo de entrada en vigencia del proyecto una vez aprobado será de 90 días no prorrogables.
7. Se establece que ni jueces, ni fiscales, ni funcionarios podrán contactarse con agentes de la AFI por fuera de los canales oficiales. La única vía será a través de su director o subdirector.
8. Se crean bancos de protección de datos y archivos de inteligencia.
9. Se penalizan incumplimientos a la ley. Se lleva de tres a diez años la pena de prisión a toda persona que captare o desviare comunicaciones telefónicas, paquetes de datos, archivos, étc.
“.

Ya dije que la medida me parecía una buena respuesta política al problema coyuntural creado por una estructura del Estado, con el manejo de grandes recursos y una tradición de autonomía, donde algunos sectores perseguían una agenda opuesta en temas claves a las directivas del Poder Ejecutivo.

Ahora quiero agregar que me parece un paso adelante, estratégico, en la tarea de darle a la sociedad mejores mecanismos legales para controlar una actividad necesaria pero peligrosa. Por supuesto, eso depende en mucho de la letra chica de la ley que finalmente se apruebe, y de los decretos que la reglamenten. Pero ya es positivo que se empiece a discutir en el ámbito legislativo, aunque, al tratarse de un año electoral, los representantes del pueblo se sentirán obligados a declamar consignas.

Para adelantarme a los inevitables comentarios: Es obvio que la Presidente nombrará al frente del nuevo organismo a personas de su confianza. Como también cualquiera puede prever que – no importa el término formal de sus mandatos – otro Presidente les aceptará sus renuncias y nombrará a gente de la suya. Néstor Kirchner conservó por años a ministros claves de Duhalde (Roberto Lavagna, Aníbal Fernández) pero el que le trae la información … aquí y en el cualquier país del mundo lo elige quien está al frente del gobierno.

En los medios, los dirigentes opositores afectan escandalizarse porque los escuchas telefónicas (autorizadas) quedarán en la órbita de la Procuración General. Se puede apreciar o no a la Dra. Gils Carbó, pero me parece ofrece menos campo a arbitrariedades el manejo por una oficina judicial que por espías profesionales, como hasta ahora.

También pueden ahorrarse los amables comentaristas – aunque no lo harán – alusiones al placer con que Kirchner mostraba estar informado de las andanzas de amigos y adversarios, al hecho, tampoco casual, que el Jefe del Ejército venga del Arma de Inteligencia, que Mauricio Macri esté procesado por haber intentado armar un sistema de escuchas con la ayuda de un ex jefe de la Federal, el “Fino” Palacios. Hasta alguna anécdota sobre la inteligencia santiagueña que reportaba a Carlos Juárez y su esposa…

El hecho es que la inteligencia – entendida como recolección de información, claro – es una necesidad vital para cualquier gobernante. Eso le da poder, necesariamente, también a quienes reúnen la información. Y la tecnología moderna brinda posibilidades muy por encima de las que tenían los espías de la Serenísima República de Venecia. Todo lo que puede hacer una democracia es darse un marco legal que limite los posibles abusos, o los disuada con penalidades adecuadas. Este proyecto de ley es un paso en esa dirección, al contrario de lo que sucedió hace una década con la “Ley Patriota” en EE.UU.


Creando la Agencia Federal de Inteligencia

enero 27, 2015

CFK

Hace unas horas la Presidente Cristina Fernández de Kirchner anunció la disolución de la Secretaría de Inteligencia, la ex SIDE, y el envío de un proyecto de ley para crear una Agencia Federal de Inteligencia, que se tratará en sesiones extraordinarias. El enlace es a la página de la Casa Rosada, donde se hace un resumen del discurso. Recomiendo leerlo, porque en el estilo coloquial de CFK enfoca varios temas importantes, además de lo institucional.

En cuando al proyecto en sí, no soy un experto en el área, y además no lo leí todavía. Sólo voy a hacer una breve reflexión política.

Éste es un escenario que hemos visto otras veces en estos casi doce años de las gestiones Kirchner: Un ataque durísimo, e imprevisto (aunque no imprevisible) de un sector de la oposición con poder institucional, económico, mediático o social. Frente a él, el gobierno K tiene un lapso más o menos corto de desconcierto. Pero en ningún momento aparece amilanado. Finalmente responde con una decisión institucional que – sin apartarse del marco legal vigente – modifica las “reglas de juego” dentro de las cuales sus adversarios habían planteado el desafío. Y – el punto que me parece más significativo de una diferencia profunda entre los contendientes – éstos aparecen incapaces de elaborar a su vez una nueva respuesta, adaptada a la situación creada.

El esquema se repite una y otra vez. Desde la renuncia de la Corte Suprema menemista al comienzo mismo del mandato de Néstor Kirchner, hasta el rechazo del fallo que favorece a los fondos buitres, pasando por la recuperación del control de YPF, la estatización de las AFJPs, las mejoras en la infraestructura ferroviaria… vemos que la mayoría de las medidas “emblemáticas” de estos tres mandatos han sido respuestas a desafíos o problemas que no aparecían en la agenda pública del gobierno hasta muy poco tiempo antes.

No quiero simplificar demasiado, ni alentar el triunfalismo de mis amigos K (que no necesitan mucho aliento para embalarse). Varias veces estos intentos oficiales de modificar el marco de referencia y crear cambios “irreversibles” se han frustrado o quedaron a mitad de camino. La Ley de Medios, por ejemplo, no ha democratizado la comunicación, ni siquiera ha afectado seriamente al Grupo Clarín (que se perjudicó, casi exclusivamente, por haber perdido la relación preferencial con el Estado que tan bien le sirvió en el pasado). Y el intento de reforma del Poder Judicial – íntimamente vinculado con el actual conflicto con los servicios de inteligencia -, ha estado asociado a derrotas tácticas y notorias del oficialismo (los casos Campagnoli, Bonadío, …). Digamos que ahí las batallas más importantes están por darse. Con poco tiempo disponible para el gobierno.

De cualquier modo, me parece indiscutible que la voluntad política y la decisión de dominar la agenda pública de Néstor y Cristina Kirchner han estado ausentes en los gobernantes argentinos desde los tiempos del primer peronismo. No creo que, como dice un colega bloguero tal vez demasiado entusiasta, que se han disuelto las chances electorales de la oposición en octubre. Hay un sector muy numeroso y motivado de los argentinos que está furiosamente en contra de este gobierno y de Cristina en particular, comparable al de sus partidarios igualmente fervientes (no digo que sean del mismo tamaño, eh).

Pero el voto, decisivo, de los que “miran y juzgan” va a estar influido no sólo por la situación económica – el bolsillo – sino también por las muestras de cohesión y de iniciativa del oficialismo. Porque la exigencia fundamental que se le hace a un gobierno es que gobierne.


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