Es dura la vida del juez tucumano…

justicia-vista1Antes de irme a dormir, quiero compartir con ustedes alguna información más sobre este tema. Por una mezcla de estrategia deliberada, prejuicio cerril e irresponsabilidad – todavía no me siento capaz de medir las proporciones – la sentencia n° 822 de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán ha modificado profundamente el escenario político argentino. Antes que extenderme sobre el asunto, prefiero acercarles dos noticias, bien distintas, que muestran algunos de las formas:

El PJ ya apeló el fallo. Recusarían a los cinco jueces de la Corte tucumana

Los días que vienen no serán fáciles para la vida institucional tucumana. El fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que el miércoles a la noche dictó la nulidad de los comicios, fue apelado este jueves por el oficialismo. La apelación fue presentada este jueves por el Partido Justicialista tucumano a través de un “recurso de casación” ante la Corte Suprema de Justicia provincial. Pero ese paso tampoco será sencillo, ya que, según varias fuentes judiciales, se espera un festival de recusaciones a los magistrados que la integran.

El máximo tribunal está compuesto por cinco jueces: El presidente es Antonio Gandur, quien también se desempeña como presidente de la Junta Electoral Provincial. Los vocales son los doctores René Mario Goane, Antonio Daniel Estofán, Claudia Beatriz Sbdar y Daniel Oscar Posse. Varios de esos jueces no podrán entender en la medida judicial de nulidad por distintas cuestiones.

El primer juez que será apartado luego de presentar el recurso extraordinario es el presidente de la Corte. La razón es la más simple y evidente de todas, ya su cargo como presidente de la Junta Electoral Provincial y el hecho de que ya se haya expresado públicamente en los comicios, lo descartan de plano en este caso particular.

El frente Acuerdo para el Bicentenario también recusaría al vocal Daniel Oscar Posse, debido a que es el hermano del fiscal de Estado Jorge Posse, nombrado por José Alperovich en 2011. La fiscalía de Estado es un órgano provincial de Tucumán, equivalente a lo que a nivel nacional sería la Procuración General.

Se espera que la vocal Claudia Sbdar también sea recussada por una aparente “enemistad manifiesta” con el abogado de Acuerdo para el Bicentenario, Arnaldo Ahumada. En sentido contrario, el vocal Antonio Estofán se excusaría debido a que mantiene una amistad con el mismo letrado que representa al frente opositor.

Así las cosas, el único integrante de la Corte Suprema de la Justicia de Tucumán que podría quedar dentro del tribunal para expresarse sobre la nulidad de los comicios sería René Goane, pero incluso él podría ser cuestionado ya que en 2011 se impulsó un juicio político en su contra a causa de expresiones misóginas de su parte contra el personal femenino del Poder Judicial provincial.

El procedimiento indica que los reemplazos deberán surgir de los distintos fueros judiciales de la provincia por orden de jerarquía. La prioridad la tienen los magistrados del fuero en lo Contencioso Administrativo (los dos que dieron la sentencia también deberían excusarse, obvio), seguidos por los integrantes del fuero Civil y, en último lugar, por aquellos jueces con jurisdicción en lo Penal.

Si bien se espera que el oficialismo solicite abreviar los tiempos en cada instancia de apelación y en cada medida presentada, la causa no llegaría a manos de la Corte Suprema de la Nación antes de la fecha de vencimiento del mandato de Alperovich (El Presidente de la CSJN, Lorenzetti, ya hizo saber que no dará ningún paso para tomar ya mismo el caso).

Me parece que está clara la situación. En un caso de estas características, políticas, ningún de los dos lados puede dejar de apelar un fallo desfavorable. El Congreso nacional, el actual, claro, no tendría entonces otro remedio que disponer el 29 de octubre, cuando finalizan los mandatos del gobernador Alperovich y de todos los legisladores e intendentes, una intervención federal a la provincia, hasta tanto una sentencia definitiva declare válida la elección del 23/8 o disponga una nueva elección. En este último caso, tendrá que ser la intervención la que la convoque.

(Aún en el absurdo caso que el partido que ganó no apelara el fallo que anula su triunfo, siempre habría sido así. La Constitución tucumana establece un plazo de 60 días entre la convocatoria y la elección. Plazo muy razonable, porque estamos hablando de decenas de miles de candidatos. No olvidemos que la ley electoral vigente en la provincia acepta los “acoples” de una multitud de partidos municipales. Había 600, el 23/8, lo que fue la causa eficiente del 99 % de las irregularidades).

¿Se dan cuenta porqué encuentro difícil en este caso – como en muchos otros – distinguir la proporción de maldad y de estupidez? Y todavía me queda la otra noticia que quiero acercarles.

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6 Responses to Es dura la vida del juez tucumano…

  1. Sería bueno que la intervención derogue la ley de acoples y establezca las PASO, si se ve forzada a volver a realizar la elección.

    • Marcelo, el gaucho dice:

      Ya que estamos, también el voto de los de 16 y 17 años, que fue declarada inconstitucional (?) por la misma jueza.

    • SIete dice:

      No creo que eso suceda, sería como romper con el federalismo. Es una resolución, ley/acuerdo de las representatividades de la provincia, se consideraría un atropello a la autonomía provincial.
      Lo mismo para el tema del voto 16/17.

  2. […] el posteo de recién, se mostraba el entramado provincial que hace casi inevitable la intervención federal, si no se […]

  3. David (idu) dice:

    No sé por qué, este asunto me recuerda a “La Armada Brancaleone”…

  4. Puede verse una interesante observación acerca del fallo de estos ciudadanos y jueces de pro en <a href="http://joserubensentis.blogspot.com.ar/2015/09/un-fallo-de-un-siglo-anterior.html” rel=”nofollow”>este sitio.

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