Para el debate sobre la «inseguridad»

De la inseguridad – o para usar términos que me parecen más precisos – el delito violento y su represión, he escrito muchas veces en el blog. Recientemente, aquí, aquí, aquí y aquí. Tomo de esos posts algunos párrafos que resumen mi visión del tema.

«En todos los países del mundo, y en todos los sistemas sociales, la policía es el organismo que reprime los delitos que esa sociedad no puede tolerar y administra los delitos que tolera pero no admite. Históricamente, la prostitución, el juego… Hoy incluye a la droga. y las inmensas sumas de dinero que ésta mueve son las que han roto las viejas reglas de juego».

«Es necesario que el Estado vuelque a la policía los recursos y la atención que dedica, por ejemplo, a las campañas electorales. La policía – federal, provincial – debe ser mucho más numerosa – lo que ayudará en el tema del empleo, de paso – mejor pagada, y mucho más controlada. No es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Los delitos violentos que afectan a los “civiles”, como el asalto en casas particulares o al voleo, no producen “cajas” tan grandes como la droga, la prostitución o el juego, que corrompen, en primer lugar, a quienes deben controlarlos.»

«No importa que nos digamos que las cifras de homicidios son mucho más bajas que las de México. Sí, y las de México son mucho más bajas que las de Honduras. El hecho social es que el delito común se vuelve más violento, y ninguna política social cambiará eso en el corto plazo. El hecho politico es que los argentinos comunes se sienten amenazados por esa delincuencia violenta, y no sienten que la policía los protege debidamente. “Es una sensación” ¿hay otra realidad más decisiva en política que las sensaciones de los ciudadanos?»

«El manejo de las Fuerzas de seguridad desde 2003, que en buena parte recayó en las espaldas de Aníbal Fernández, ha sido exitoso, si se lo mide por lo que insisto es la primera obligación de un timonel: No chocar el barco. Pero ningún equilibrio es estable, en la sociedad humana»

Agrego también, porque hacen a la discusión estas recientes declaraciones de Cristina Fernández: “La Presidente pidió dejar de lado el discurso que indica a la exclusión social como causa del aumento del delito, con críticas tanto a sectores que postulan “mano dura” como a aquellos que adoptan posiciones “garantistas“.

“Las fuerzas de seguridad se ven desanimadas cuando tardan días de investigación para aprehender a alguien que cometió un delito y, por uno u otro motivo, los jueces los dejan en libertad. Esto no es ser garantista ni mano dura, es ser criterioso y lógico, nada más que eso“

“Resulta casi inexplicable que las cámaras de televisión sigan con minuciosidad caras de personas que agreden y sin embargo no existan detenidos ni órdenes de captura“

“Aspiramos a que cada uno cumpla su función: las fuerzas de seguridad, dar seguridad, y la Justicia, hacer justicia, que significa castigar a los que delinquen con las penas que establecen los códigos y, cuando la peligrosidad es tal, no permitir su libertad“.

Traigo de nuevo estos conceptos, bastante poco originales, porque mi amigo Luciano Chiconi – de quien he tomado algunas de mis ideas – ha subido en estos días un post donde, con el estilo agudo y elocuente que le envidio, vuelve sobre el tema y defiende ardorosamente una propuesta que ha planteado hace tiempo en su blog: las policías comunales. De paso, le pega al progresismo – lo que es una costumbre en él – pero también al manodurismo estúpido de alguna derecha. Y Artemio López toma este post de Luciano – no como parte de su propio combate contra el progresismo – sino porque, como encuestador, percibe que la «inseguridad» es el tema que preocupa más a los votantes, en la Provincia de Buenos Aires y en todos los distritos.

Para los perezosos que no cliquean, les hago aquí un resumen, un poco diferente al que encuentran en Ramble:

«El de la seguridad es un debate que necesita vacunarse contra la impostura intelectual: “la fórmula mágica” que venden progresismos y derechas que ya tuvieron el manejo ejecutivo de la política de seguridad en distintas etapas de los últimos veinticinco años en la Provincia de Buenos Aires.

Si el manodurismo mostró su fracaso, lo que no se dice tan claramente es que muchos aspectos de la reforma Arslanian también fracasaron, con lo cual la lectura de los “avances y retrocesos” que hacen ciertos sectores políticos provinciales con eje en esa reforma carece de todo sustento y no aporta nada al real problema de la seguridad. Lo que se niega aviesamente es que las bases estructurales de la reforma Duhalde-Arslanian iniciada en 1997 están vigentes en el sistema policial bonaerense.

Las DDI que reemplazaron a las brigadas de investigaciones, el control civil de asuntos internos, la disminución de la intervención policial en la instrucción penal, el fraccionamiento operativo y la descentralización de los cuerpos policiales, los mecanismos de participación popular previstos en la ley, el protocolo de limitación en el uso del arma y en la detención policial: todo esto está vigente en la PBA, y si hoy no existe eficacia policial para la prevención del delito, no es tanto porque no se completó la reforma, sino porque hubo temas no atendidos por ella.

Estas dos tendencias (mano dura o garantismo) que anclan su postura ideológica en la conciliación o en la disputa con la institución policial olvidaron por años el problema del financiamiento y la inversión: pasaron desde el cavernario Casanovas hasta el moderno Saín, pero el policía sigue cobrando una poronga.

Dos casos concretos son Tigre y Almte. Brown, donde Massa y Giustozzi lograron amplificar la capacidad instalada de la trama municipal para mejorar la prevención barrial. Esta tarea supone acordar laburo con la policía departamental y el control político del accionar policial para que la tarea se lleve a cabo, y que no sea el intendente el que garpe el costo político. Esta tendencia que marcan Massa y Giustozzi (y que otros intendentes que no se quieren quemar políticamente, ya están aplicando) tira abajo la estigmatización progre-gorila de “la connivencia entre barones y comisarios” como aparente raíz analítica del “drama de la inseguridad en la PBA”.

En todo caso, lo que deja en claro el comportamiento político de estos dos intendentes es que el eje manodurista-garantista como principal y único concepto para enhebrar una política de seguridad, ha caducado y que se hace necesario introducir una mirada más realista que se centre en un financiamiento integral. Si la clave es la inversión y la responsabilidad política, y Massa y Giustozzi tienen 70% de intención de voto en sus distritos, la ecuación política cierra sola…

La retórica de la ministra Garré … no debiera olvidar una instancia fundacional kirchnerista: el arreglo Kirchner-Aníbal Fernández-Valleca para establecer objetivos concretos que estuvieran en sincro con los nuevos aires de la época. Un proceso de vinculación que tuvo un margen de eficacia nada despreciable en términos políticos, y que hoy algunos prefieren omitir en nombre de una aparente renovación conceptual para abordar el tema, que en la práctica no hace más que emprolijar discursivamente aquello que ya fue trabajado por las sucesivas reformas policiales que ocurrieron en la PBA y por las sucesivas conducciones nacionales que habitaron el área de seguridad.

Lo que ahora Garré presenta catalogado y en encuadernación de lujo, ya había sido masticado en aquel cónclave sórdido: límites al accionar policial en reclamos sociales, y detrás de ello quedó bien visible la complejidad de la relación político-policial, porque Kirchner hizo lectura rápida, cuenta de almacenero, y pensó: ¿Cómo obtengo rédito político y eficacia decisoria en este tema sin que en ese acto sufra una hemorragia de poder político?

Los que no quieren gobernar la nación y la provincia pueden evitar hacerse esta pregunta, y escribir libros sobre el neverland policial y otros paraísos perdidos»

Como de costumbre, agrego otra reflexión mía al final (por algo soy el administrador del blog). Durante mucho tiempo he sido escéptico sobre policías comunales, pero tengo que reconocer que los casos que muestra Luciano, en Tigre y Almirante Brown, muestran que pueden ser eficaces. Y su inutilidad hasta ahora en la Capital no es un argumento decisivo: la inepcia y frivolidad que Mauricio Macri ha mostrado en este asunto la condenaron de entrada.

Pero no es posible prescindir de la Bonaerense, de una policía provincial. Requiere entonces pensar una cuidadosa arquitectura que permita que esas fuerzas coexistan, sin chocar entre sí (Como también sería deseable que pudiéramos pensar en una Policía federal en serio, que tuviera un rol similar al del F.B.I. o Scotland Yard en relación a las policías distritales, pero eso es otra historia).

Porque la única manera de evitar la corrupción policial es que haya mecanismos de control realmente independientes, es decir, que dependan de diferentes niveles de decisión (Amigos míos que conocen muy bien la Provincia, atribuyen el agravamiento del problema de la Bonaerense a que durante la larga administración de Duhalde se dejó en suspenso la rotación de los mandos departamentales. Un jefe policial que se queda demasiado tiempo en una jurisdicción… Hay demasiadas tentaciones, y se tejen demasiados vínculos).

Esto también apunta a la necesidad de la renovación periódica en esos niveles de decisión política, y a los peligros de la reelección indefinidad. Pero eso también es otra historia.