La minería, a la luz de Tinogasta

Repasando el post anterior, y los comentarios, siento que dejó afuera algo importante. Porque, dentro del debate que se ha empezado a dar en la sociedad argentina sobre la minería en gran escala – debate confuso, inevitablemente, donde se mezclan intereses, ideales, temores y chicanas y que se irá resolviendo a lo largo de meses por los mecanismos de la política, porque no hay otros – el punto del post era el rol de las minorías intensas, motivadas, en ese debate.

Que son dos las que son clave en el lado que se opone a la “minería a cielo abierto”: los ambientalistas – que, con sus errores y exageraciones, cumplen un rol necesario en la sociedad moderna - pero que deben ser sometidos a un escrutinio tan severo como a cualquier otro sector; y los habitantes del lugar, al que la política moderna, mediática, y el estilo embravecido que los argentinos hemos recobrado en los últimos tiempos les dan un poder de veto importante.

¿Es necesario agregar que la reacción ante la brutalidad policial desplegada en Tinogasta fortalece y legitima sus reclamos ante el resto de los ciudadanos, cuando los medios se la ponen ante los ojos?

No es que “de esto no se habla”. Mendieta, a quien cito en la columna de comentarios, dice “sigo sin escuchar ni leer, en un solo diario, en una sola radio, en un solo canal de TV, quién ordenó y por qué el desalojo de la ruta. Fue un juez o fue el intendente o un “político”? La “infantería” es de la Gendarmería Nacional o de la Policía Provincial? Por qué algunos pedían “represión” cuando los que cortaban rutas eran piqueteros y ahora se rasgan las vestiduras? Por qué hay quienes siempre se cagaron de risa de las radios comunitarias y ahora las endiosan? Porque hay tanta doble moral según convenga a los prejuicios de cada uno y de cada quién?”

María Esperanza Casullo plantea en La Barbarie: “Hay que repensar este tema, a la luz del fracaso de Gualeguaychú. ¿Cómo se institucionaliza y se procesa políticamente la protesta social en estos temas? ¿Qué instituciones son las adecuadas?”

Pero hay un punto muy simple que me parece necesario hacer, y que no tiene que ver especialmente con la minería. Es válido para lo que pasó en Tinogasta, pero también para lo que sucedió en Formosa, y antes en Bariloche. En muchos lugares, lamentablemente: La sociedad argentina no debe admitir que las policías provinciales sean instrumentos de control social con métodos brutales e ilegales.

Digo la sociedad argentina y no el gobierno nacional porque hoy éste no tiene más recursos que la presión política y – en la mayoría de los casos – la financiera para imponer su voluntad a los gobiernos provinciales. Son instrumentos poderosos – sería cínico no reconocerlo – pero no son los adecuados para controlar el ejercicio cotidiano del poder de policía. Cuando existe un entramado de poderes políticos y judiciales locales mezclados con intereses privados.

Propongo que empecemos a pensar en un apoyo económico y de capacitación del Estado nacional a las pólicías provinciales – que bien lo necesitan – cuya contrapartida sea un control mayor de su entrenamiento y su selección de personal. También – lo sugerí otras veces en el blog – una institución, desarrollada sobre la base de la Policía Federal o de la Gendarmería que, como sucede en otros países, tenga la obligación y la autoridad necesaria para intervenir frente a ciertos delitos, entre ellos, la violación de derechos humanos básicos.

No será fácil llevar adelante una propuesta de este tipo. Los que se sientan afectados en sus intereses levantarán la bandera del federalismo. El troskismo, menos significativo pero con algún poder de movilización, dirá que como el gobierno sirve los intereses de la burguesía – como lo hacen todos, excepto el partido troskista que tiene la doctrina correcta – esa será otra fuerza represora. Técnicamente, lo será, claro. Pero, como la experiencia nos lo muestra, las estructuras que están a la luz pública son menos peligrosas que las pequeñas tiranías oscuras.